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CASO FUENTEALBA

La muerte del neuquino Carlos Fuentealba, ocurrida el pasado 6 de abril durante una protesta docente en Neuquén, no se trata de un caso aislado: es la repetición de un fenómeno que parece resistirse a abandonar nuestra historia.

El asesinato de Fuentealba tiene un conjunto de culpables. El agente de policía, quien ejecutó al maestro, el oficial superior que dio la orden y el Gobierno a través de su decisión política. Todos, deberían someterse al sistema de Justicia como cualquier ciudadano, no deberían existir privilegios.

No sólo murió una persona con determinado nombre y apellido sino alguien que ejerció una profesión y perteneció a un grupo de la población con el cual compartió las mismas responsabilidades profesionales y las mismas necesidades signadas, en este caso, por salarios bajos.

Su muerte se puede instalar como un icono dentro de la concepción de la vida pública y, desde aquí, se puede analizar cómo y por qué se han roto las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Se trata de esta ruptura y de la de los derechos constitucionales.

Constitucionalmente, el Estado tiene el derecho al uso legítimo de la violencia en situaciones de conflicto. Pero, el uso de este instrumento por parte de funcionarios del Estado, tiene un límite.

Ese límite es permanentemente excedido. Ciudadanos indefensos, que tienen una situación de fuerza mucho menor que la de un policía, sufren un injustificado modo de represión.

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